Las alcaldías de La Paz y Achocalla se unieron para responsabilizar de la tragedia a la Inmobiliaria Kantutani, mientras que la empresa acusa a los dos municipios de supervisión deficiente y una limpieza mal hecha en la bóveda del río Pasajahuira.

La tragedia en Bajo Llojeta en La Paz, que dejó una niña fallecida y más de 25 personas damnificadas, ha desatado una guerra de acusaciones entre las alcaldías de La Paz y Achocalla y la Inmobiliaria Kantutani, mientras el Luis Enrique Iturralde, dueño de Kantutani y señalado como presunto responsable, fue detenido en Chile y trasladado al Perú, donde se aguarda saber si será retornado a Bolivia.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, responsabilizó a la empresa, que administra un cementerio en la zona alta, la cual, según él, habría realizado movimientos ilegales de tierra con respaldo de la Alcaldía de Achocalla. Por su parte, el alcalde de Achocalla se sumó a esta acusación argumentado que no dio permiso demovimiento de tierras a la empresa. Mientras las familias afectadas exigen justicia y soluciones inmediatas para prevenir futuras tragedias.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, anunció la apertura de una investigación de oficio por los delitos de “otros estragos y peligro de estragos con agravante” y adelantó que ambos alcaldes serán convocados para esclarecer sus roles en el caso. Paralelamente, la detención de Iturralde derivó en su traslado a Perú, de donde había viajado a Santiago y serán las autoridades de ese país las que determinen si lo entregan o no a Bolivia.

Kantutani emitió ayer un comunicado donde asegura que sus obras se realizaron con la supervisión del municipio de Achocalla y que si hubo fallas, es responsabilidad de esa alcaldía. Además acusa a la Alcaldía de La Paz de haber hecho un mal trabajo de limpieza de la bóveda y asegura que Iturralde salió del país no huyendo, como se dio a entender, sino a un tratamiento médico en Santiago.