Incluyeron la disposición dentro del presupuesto, que se aprobará de manera automática debido a que no hay consenso en la Asamblea Legislativa.

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) expresó su preocupación por la inclusión de una disposición en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 que permite la confiscación o decomiso de productos de empresas, argumentando un posible encarecimiento de precios. Según el gremio, esta medida genera inseguridad jurídica y pone en riesgo la iniciativa privada en el país.

La disposición adicional séptima del proyecto establece que las entidades públicas competentes podrán realizar controles, fiscalizaciones e incluso decomisos a los actores de la cadena productiva que almacenen, retengan o intenten encarecer precios de alimentos esenciales. Para la CNI, este artículo se convierte en un instrumento de carácter “discrecional, represivo y extorsivo”, que impactará negativamente en la producción, inversión y empleo formal.

El gremio industrial advierte que estas acciones podrían desincentivar la producción formal, fomentar el contrabando y aumentar la informalidad. Además, destacan que mientras otros países de Sudamérica generan condiciones propicias para la inversión privada, en Bolivia se promueven normativas que ahuyentan el capital nacional y extranjero.

La CNI insta al Gobierno a eliminar la disposición y a adoptar medidas que fortalezcan la industria nacional mediante incentivos económicos en lugar de medidas represivas. “El impacto de estas disposiciones podría ser un efecto contrario al deseado: desabastecimiento, menor recaudación tributaria y aumento del desempleo”, señaló la institución.