El Defensor del Pueblo le pide acciones al Gobierno para que tome medidas adecuadas tendientes a estabilizar la economía y bajar el nivel de conflicto.

En 2024, Bolivia registró 563 conflictos sociales, muchos de ellos originados por las políticas del Gobierno que generaron una grave escasez de combustibles, la falta de dólares y el alza de precios, según un informe presentado por la Defensoría del Pueblo este miércoles. Este contexto de crisis económica, sumado a la inflación y la escasez de recursos, podría extenderse también a 2025.

«Las dificultades con el combustible, la falta de divisas y el aumento de los precios de los alimentos han desatado estos conflictos, y han puesto en evidencia la debilidad en la gobernanza y en el ámbito laboral», comentó Pedro Callisaya, defensor del Pueblo.

A lo largo del año, Bolivia alcanzó una inflación acumulada del 9,97%, la más alta desde 2008, y la escasez de dólares se ha mantenido como un problema desde principios de 2023, coincidiendo con una caída drástica de las reservas internacionales, que pasaron de más de 15.000 millones de dólares en 2014 a 1.976 millones al cierre de 2024, según el último reporte del Banco Central de Bolivia (BCB).

El ‘Reporte de Conflictividad en Bolivia’, elaborado por la Defensoría del Pueblo, indicó que los conflictos de tipo económico fueron los más prevalentes (145), seguidos de demandas laborales (93) y cuestiones de gobernanza (87). Las principales formas de protesta fueron bloqueos de caminos (166), marchas (142) y la declaración de estados de emergencia (93).

En cuanto a los bloqueos más relevantes, destacó uno de 11 días organizado por seguidores de Evo Morales en demanda de elecciones judiciales, y otro de 24 días por la solicitud de que se retire un proceso penal contra Morales por trata de personas, con un fuerte componente de exigencias económicas.