El líder cocalero fue declarado rebelde, sus cuentas fueron congeladas y está arraigado por haber embarazado a una adolescente. Y Morales se victimiza y dice que sólo faltó que ordenaran su descuartizamiento.


Tras la declaratoria de rebeldía y la orden de aprehensión dictada por un juez de Tarija, el expresidente Evo Morales arremetió contra la justicia boliviana, asegurando que la resolución ya estaba «redactada antes de la audiencia». A través de un mensaje en su cuenta de X, el líder del Movimiento al Socialismo (MAS) acusó al gobierno de manipular el proceso judicial en su contra, lamentando la parcialización del sistema judicial.
El viernes, Morales no se presentó a su audiencia cautelar por segunda vez consecutiva, lo que llevó al juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de Tarija, Nelson Alberto Rocabado, a dictar la medida de rebeldía. Además, el juez ordenó la búsqueda y aprehensión del exmandatario, congelar sus cuentas bancarias y la anotación preventiva de sus bienes. Morales está siendo investigado por el presunto delito de trata de personas en relación con una adolescente en 2015, durante su mandato.
Morales comparó su situación con los métodos inquisitorios de la época colonial, manifestando que solo faltó que ordenaran su «descuartizamiento inmediato». En su publicación, también señaló que la justicia en Bolivia actúa sin pruebas y que las acusaciones en su contra son un intento de proscribirlo y eliminarlo políticamente antes de las elecciones presidenciales de 2025. Asimismo, afirmó que quienes lo acusan son los verdaderos responsables de la trata de personas, pero que están protegidos por el «régimen del terror».
El expresidente se mantiene en el Trópico de Cochabamba, donde sus seguidores mantienen una vigilia para evitar su aprehensión. Los militantes del MAS han anunciado que reforzarán la vigilancia y defenderán a Morales «hasta con sus vidas» tras la decisión judicial de este viernes. Además, Morales reiteró que la justicia en el país no es imparcial, sino que responde a intereses políticos y está controlada por el gobierno de Luis Arce.

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