Si hasta el 10 de febrero no se anula la medida, productores, transportistas y comerciantes saldrán en movilización callejera para lograr que se suspenda el decomiso.

Los actores de la cadena productiva y de abastecimiento, incluyendo empresarios, transporte, gremiales y otros, se han declarado en emergencia y anunciaron una “movilización contundente” para el 10 de febrero en demanda de que se deroga la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado, porque consideran que es extorsiva para los actores económicos.

La disposición séptima autoriza el decomiso y confiscación de productos, en caso de que comercializadores pretendan retenerlos y/o encarecer los precios. El Gobierno argumenta que se pretende cuidar el bolsillo de la gente, pero los actores económicos denuncian que es una medida arbitraria y de ataque, que se prestará a la extorsión.

En su reunión en La Paz, los actores empresariales, comercio, transporte, cuentapropistas y otros emitieron un pronunciamiento donde exigen derogar la disposición séptima de la Ley del PGE.

Asimismo, exigen impulsar un nuevo modelo de desarrollo basado en la familia, la propiedad privada la seguridad jurídica y el acceso a la tecnología. Además, piden trabajar en un programa económico que dé soluciones a todos los problemas que tienen los integrantes de la cadena de abastecimiento y productiva.