El Comité del Ministerio Público de Diputados ha convocado a los autoprorrogados del Tribunal Constitucional por las acusaciones de usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la ley.

Los magistrados autoprorrogados Gonzalo Hurtado e Yván Espada fueron convocados inicialmente a declarar este jueves por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, prevaricato y usurpación de funciones, en un caso promovido por los ciudadanos María Elizabeth Oporto y René Félix Navarro. Sin embargo, la sesión fue suspendida debido a una sesión camaral, según informó la diputada del MAS, Lidia Tupa. En un segundo caso, el exdiputado Wilson Santamaría presentó una denuncia que involucra también a las magistradas autoprorrogadas Julia Cornejo e Isidora Jiménez por resoluciones contrarias a la ley y nombramientos ilegales, con la audiencia programada para este viernes 24 de enero.

Los diputados integrantes del Comité, Lidia Tupa y María René Álvarez de Creemos, confirmaron las convocatorias y expresaron posturas divergentes respecto a la modalidad de las declaraciones. Mientras Tupa expresó su disposición a aceptar que los magistrados autoprorrogados declaren virtualmente, Álvarez insistió en que la comparecencia debe ser presencial, argumentando que las normas de la convocatoria no contemplan la modalidad virtual.

El trasfondo de estas convocatorias revela tensiones políticas y legales sobre el actuar de los magistrados autoprorrogados. Álvarez criticó duramente la posibilidad de una declaración virtual, afirmando que el respeto al procedimiento exige su presencia física. “No los hemos citado a un mercado”, subrayó, en alusión a la formalidad requerida en el proceso.

La situación añade presión sobre el TCP en medio de cuestionamientos sobre la legitimidad de los magistrados autoprorrogados y su manejo institucional, poniendo en evidencia la polarización entre las fuerzas políticas respecto al manejo de los procesos judiciales en el país.