En medio de la creciente presión de sectores productivos y exportadores para derogar la disposición séptima del Presupuesto 2025, el Gobierno calificó a los opositores de la norma como promotores de un «golpe blando empresarial”.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, acusó este viernes a los sectores que exigen la derogación de la norma de estar organizando un “golpe blando empresarial” para desestabilizar al Gobierno. “Nos importa dialogar en el ámbito económico, con propuestas y actores que realmente quieran debatir, pero al parecer están planificando un golpe blando con otras connotaciones”, afirmó Silva en conferencia de prensa, en respuesta a las demandas de productores, gremiales y empresarios.

La disposición séptima, cuestionada por autorizar el decomiso de productos y alimentos que supuestamente se acopien para especulación, ha sido calificada como arbitraria y abusiva por los sectores afectados. Gremiales, empresarios e industriales sostienen que esta norma viola derechos constitucionales y podría ser usada de manera discrecional, generando un ambiente de incertidumbre. A pesar de las explicaciones del Gobierno, que asegura que la medida solo afecta a quienes practican agio, especulación o contrabando, los sectores reiteraron que no participarán en un diálogo hasta que la norma sea eliminada.

El viceministro Silva defendió la disposición y acusó a los sectores críticos de usar “un pretexto económico para hacer política”. Además, señaló que hasta el momento ninguno de los sectores invitados al diálogo ha confirmado su asistencia oficialmente. “La población tiene que saber que hay gente que, utilizando el pretexto de una normativa que protege la economía del país, hoy quiere hacer política”, expresó Silva, rechazando las condiciones impuestas por los opositores a la norma.

El conflicto refleja una creciente polarización entre el Gobierno y los sectores productivos, quienes insisten en que la norma atenta contra la propiedad privada y genera desconfianza. Mientras el Gobierno busca desacreditar las críticas con acusaciones de conspiración, los sectores mantienen su postura de que no habrá diálogo sin la derogación previa de la disposición. La tensión sigue escalando en un escenario que combina problemas económicos con un clima político cada vez más confrontacional.