Según los ministros, hay otros sectores, menos los directamente afectados, que quieren escuchar por qué es bueno que el Gobierno tenga la potestad de decomisar alimentos.

El Gobierno confirmó este martes que continuará con el diálogo sobre la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, relacionada con el control y decomiso de productos, con una parte de los gremiales del país. Sin embargo, sectores empresariales y productivos clave se han mantenido al margen, exigiendo la derogación de la norma antes de participar en las negociaciones.

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, informó que, además de reunirse con gremiales de El Alto y la Confederación de Gremiales de Bolivia, se ampliará la convocatoria a sectores como la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo). Flores subrayó la necesidad de incluir a las bases de organizaciones que han anunciado movilizaciones, ante la percepción de que solo las dirigencias están tomando decisiones.

La falta de asistencia al diálogo de sectores como la Cámara Nacional de Industria (CNI), la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) refleja la resistencia de los productores, quienes consideran que la disposición séptima afecta la seguridad jurídica. Estas entidades reiteraron su postura de que el Gobierno debe derogar la medida antes de discutir cualquier posible reglamentación.

El ministro de Justicia, César Siles, insistió en que el diálogo debe ser constructivo y llamó a deponer actitudes radicales.