Empresarios, transportistas y gremiales advirtieron que si no se deroga la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado 2025, paralizarán actividades.

La tercera reunión multisectorial de sectores económicos resolvió este jueves convocar a un paro movilizado de 24 horas si el gobierno de Luis Arce no anula la norma que permite el decomiso de productos. La protesta fue confirmada para el próximo 10 de febrero, tras el rechazo de los sectores a cualquier intento de reglamentación en lugar de su eliminación total.

Los representantes del sector privado, entre ellos gremialistas, transportistas, industriales y exportadores, insistieron en que la medida afecta a la producción y el comercio. “Nosotros no especulamos, no hacemos agio, no conspiramos, no hacemos política; nosotros producimos”, declaró Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), al justificar la demanda de abrogación.

El Gobierno descartó la posibilidad de modificar la norma por decreto y argumentó que solo el Parlamento puede anularla. Sin embargo, los sectores movilizados señalaron que no asistirán a ningún diálogo sobre su reglamentación y exigieron la intervención del presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, para su eliminación total.