Pese a la exigencia de productores, empresarios, industriales, comerciantes y transportistas, el Gobierno se ha negado a modificar la norma, cosa que sí hizo el Senado.

El Senado aprobó la anulación de artículos del Presupuesto General del Estado que permitían decomisos arbitrarios de productos con precios inflados. La decisión generó una fuerte reacción del Gobierno, que acusó a los legisladores de sabotear la economía y bloquear el acceso a financiamiento internacional.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, calificó la medida como un “estrangulamiento de la política fiscal” y denunció que la derogación no solo elimina la disposición que consideraban confiscatoria, sino que también pone en riesgo otros mecanismos financieros. Explicó que los artículos anulados permitían la emisión de bonos soberanos por 3.000 millones de dólares, la contratación de colaterales por 1.000 millones y el acceso a financiamiento internacional, elementos que, según el Gobierno, son clave para la estabilidad económica.

Montenegro también reprochó que el Senado haya eliminado incentivos a la industrialización, la reducción de aranceles y facilidades para contribuyentes. Advirtió que la decisión genera inseguridad jurídica y afectará directamente el pago de salarios en sectores clave como salud y educación. Según el Ministro, la mayoría del Senado busca bloquear la política económica del Ejecutivo, impidiendo que el país tenga recursos para sostener sus obligaciones.

El proyecto de derogación aún debe ser tratado en la Cámara de Diputados, donde el Gobierno intentará frenarlo. Montenegro adelantó que, en caso de que la norma sea consolidada, el Ejecutivo presentará una representación legal, argumentando que la medida es inconstitucional. Mientras tanto, la tensión entre el Legislativo y el Ejecutivo sigue en aumento en un escenario marcado por el enfrentamiento político y económico.