El rechazo a los contratos con empresas china y rusa para la explotación del litio en Bolivia se intensifica en Potosí y a nivel nacional, mientras el gobierno insiste en su aprobación pese a las críticas por su falta de transparencia y beneficios para el país.  

El descontento por los contratos del litio suscritos por el gobierno de Luis Arce con las empresas china CBC y rusa Uranium One crece en Potosí y en diversos sectores del país, quienes consideran que estos acuerdos no benefician al Estado boliviano y representan un riesgo ambiental. La socialización de los contratos fracasó en Potosí tras la irrupción de ciudadanos autoconvocados que expresaron su rechazo, lo que llevó al Comité Cívico Potosinista (Comcipo) a anunciar movilizaciones radicales, incluyendo paros y huelgas de hambre de diputados.  

El presidente de Comcipo, Alberto Pérez, advirtió con paros de 24 y 48 horas, mientras la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) por Potosí, Mónica Torres, inició una huelga de hambre en demanda de la anulación de los contratos. “Estamos instalando un primer piquete de huelga en la Asamblea con la intención de que el Gobierno reaccione y anule estos contratos. El departamento de Potosí debe ser escuchado y debe dejar de ser la vaca lechera dándolo todo al país”, afirmó Torres.  

Organizaciones civiles y analistas criticaron la falta de transparencia del gobierno y advirtieron sobre los riesgos económicos y ambientales de los contratos. Gustavo Pedraza, analista cruceño, cuestionó que el gobierno utilice la industrialización del litio como bandera electoral sin garantizar beneficios reales para el país. “No está eligiendo la democracia, la sinceridad y eso es lo que la gente le reclama”, sostuvo. Por su parte, la Fundación Jubileo y otras instituciones alertaron que los contratos imponen costos y riesgos al Estado sin garantizar utilidades justas.  

Ante la presión social, la Cámara de Diputados decidió paralizar el tratamiento de los contratos hasta que se complete su socialización. Omar Yujra, presidente de la Cámara, exhortó a la población a participar en estos procesos para conocer los detalles de los acuerdos. Sin embargo, el descontento sigue creciendo, con sectores cívicos y políticos exigiendo la anulación de los contratos y denunciando la falta de consulta previa a las comunidades afectadas.